En este artículo –publicado online en el website de Open Democracy- la autora analiza políticas y legislaciones de salud pública que no toman en cuenta las experiencias de las mujeres y vulneran sus derechos, particularmente los de las mujeres VIH/positivas. Welbourn ilustra la vulneración de los derechos de las mujeres VIH positivas describiendo el abandono por parte de sus familias, sus comunidades, y los sistemas de salud gubernamentales. Según el artículo, es necesario que cuando la legislación le exija a toda mujer embarazada hacerse un examen de VIH, el estado y las instituciones responsables de la salud de las personas en situaciones socio-económicas difíciles, se hagan responsables de que ellas puedan continuar llevando vidas normales y saludables.
Para la autora, la intención de algunas agencias internacionales de desarrollo –incluyendo UNICEF y la OMS- de fomentar una “generación libre del SIDA”, mediante exámenes de las mujeres embarazadas, fomenta la percepción de las mujeres como “reservorios y vectores”, más que como individuos con derechos y como las personas de cuya vida dependen los hijos. Esto, según el artículo, ha llevado a la expedición de leyes que no solamente violan los derechos de las mujeres, sino que también ponen en peligro a sus hijos. En Sierra Leona, por ejemplo, la transmisión del VIH de madre a su hijo en gestación ha sido convertida en un delito criminal, castigable con hasta 7 años de cárcel. Este modelo de ley incluye la obligación de que la mujer le revele a su marido su condición, sin tener en cuenta las consecuencias.
La autora hace referencia a la situación legal y al status de las mujeres portadoras del VIH en los Estados Unidos. De acuerdo a la investigación, hacerse el examen, aunque es voluntario, puede conllevar una presión de estigmatización, si se hace en una situación “opt-out” (es decir, que el test se hace a menos que la mujer pida expresamente que no se le haga). Un estudio sobre el programa “opt-out” mostró que menos de la mitad de las personas que respondieron se sentía cómoda rechazando el examen y que el 16% no sabía si este se les había hecho. Un informe de la Unión Norteamericana de Derechos Civiles (ACLU, sigla en inglés) señala que mujeres que se hicieron un examen obligatorio tenían una menor probabilidad de estar preparadas para recibir los resultados, una menor probabilidad de haber recibido consejería e información, y una menor probabilidad de pedir cuidados posteriores. Las mujeres que están embarazadas y reciben (sin preparación ni apoyo) un examen positivo, son las más vulnerables.
La autora señala los desbalances de poder que llevan a que la realización de exámenes esté centrada en las mujeres encintas, y sugiere que, idealmente, exámenes voluntarios y frecuentes deberían ser la norma, ya que le permitirían a las mujeres conocer su estatus, antes de quedar embarazadas. Ella cita la esterilización forzada de mujeres portadoras del VIH que se practica en algunos países, como la meta a la cual podría llevar el examen obligatorio, en vez de a embarazos que cuenten con apoyo y sean seguros.
El proyecto “Parliamentarians for Women's Health” (“Parlamentarios por la Salud de las Mujeres”), que funciona en cuatro países africanos y es coordinado por la International Community of Women Living with HIV/AIDS (ICW), el Center for the Study of Aids, la Ethical Globalization Initiative, y el International Center for Research on Women, está diseñado para permitirle a las mujeres, incluyendo a las mujeres VIH positivas, “compartir sus experiencias colectivas, politizadas, con una audiencia que tiene el poder de hacer cambios a nivel legislativo”. Según la autora, la colaboración de mujeres y miembros del parlamento les permite cuestionar la difusión de leyes punitivas, dogmáticas, y de políticas que las afectan negativamente a ellas y sus hijos, y abogar por las que preservan los derechos de las mujeres VIH positivas y de sus hijos.
ICW tiene un sitio web sobre este tema, en el cual se puede firmar una carta escrita por organizaciones de la sociedad civil, y se encuentran vínculos a más artículos, y un link a lenguaje alternativo, cuyo autor es el Programa sobre VIH/SIDA de las Naciones Unidas (UNAIDS), al Modelo Francófono y Lusófono de Leyes para SIDA en África Occidental.
