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Predios vulnerables de riberas tienen títulos o pagan tributos a concejos

Autoridades alientan su consolidación

PREDIOS VULNERABLES DE RIBERAS TIENEN TÍTULOS O PAGAN TRIBUTOS A CONCEJOS

Municipalidades no prevén reubicarlos y dicen que no pueden negarse a recibir pagos.

Cofopri ha titulado 50 asentamientos en franja marginal con anuencia de comunas El pequeño Aldo ha aprendido a soportar a su vecino. "Es ruidoso y a veces da miedo, pero ya me acostumbré", dice, mientras abre la puerta posterior de su casa para que lo veamos: Es el río Chillón. Sus aguas discurren veloces junto a los cimientos de la casa, a solo 30 centímetros de profundidad. Nada separa el torrente de las 35 viviendas que forman el asentamiento humano Kuélap, en Puente Piedra, ubicado en la faja marginal desde hace 20 años. "Casi todas las casas tienen una puerta para tirar la basura al río. Pero cuando el agua baja, la usamos para cruzarlo a pie", confiesa el menor.

Todos los años, Kuélap aparece en el reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) como una de las 21 zonas en la cuenca del Chillón que corren el riesgo de ser inundadas con la crecida de los ríos. Sin embargo, lejos de rechazar la ocupación de riberas --como lo manda la Ley General de Aguas--, las sucesivas gestiones ediles han alentado su consolidación. Hoy los habitantes de Kuélap tienen certificados de posesión y pagan autovalúo y arbitrios.

Ello ocurre en casi todos los poblados ribereños, aquellos que por estos meses del año son mencionados en discursos municipales que plantean su reubicación. Según el jefe del Indeci, Luis Palomino, 320 mil personas viven en zonas vulnerables de la cuenca del Rímac, otras 33 mil a lo largo del Chillón y cinco mil en Lurín. La presencia de estas familias no solo es un desafío a la naturaleza, sino un atentado contra esta, pues sus improvisados sistemas de desagüe arrojan los residuos directamente al río. Habría, entonces, que dar una mirada a quienes permitieron esta situación.

¿ALGUIEN DIJO PREVENCIÓN?

"Kuélap obtuvo su certificado de posesión en el 2006, tal y como lo señala la Ley 28687; es decir, luego de que Defensa Civil emitiera un informe que indica que no están en riesgo alto gracias al muro de contención que se construyó años atrás (el cual sirve de cimiento para sus casas). Se les entregó el certificado para que pudieran tener acceso a agua, pero no es un título", explicó Edwin Vicente, jefe de Desarrollo Urbano del Concejo de Puente Piedra. ¿Si este poblado es seguro, por qué Indeci lo incluye en el listado de zonas de riesgo?

En la ribera del Rímac que corresponde a San Martín de Porres, encontramos a Angélica Valdivia. Su casa está en la zona Trébol Bajo, a unos metros del puente Rayitos del Río y cerca del talud que se desmoronó en el 2001 por la erosión. "No puedo construir más allá de estos ladrillos, porque dicen que a todos los que vivimos a 60 metros del río nos van a sacar en cualquier momento. Así quieren que pague", dice, mientras nos muestra la cuponera que el concejo le envió en noviembre. En ella se le exige S/.440 por arbitrios y S/.127 por Impuesto Predial.

Voceros de la municipalidad distrital indicaron que menos del 5% de los vecinos en riesgo tiene constancia de posesión y el número de contribuyentes es mínimo, excepto en Pedregal, donde la cifra llega a mil. En todos los concejos que entregan cuponeras a los pobladores de las riberas, los encargados del Área de Rentas se escudan en la Ley de Tributación Municipal, que considera como predios a los terrenos ganados al río. "No nos podemos negar a recibir a vecinos que se inscriben y pagan de modo voluntario", dice Julio La Rosa, de la Municipalidad del Rímac. En este distrito, el 15% de las familias del poblado Huascarán, ubicado al borde del río, tributa.

CON TODAS LAS DE LA LEY

Según el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), a la fecha se han entregado títulos a 50 asentamientos humanos en riberas de Ate, Callao, Cieneguilla, El Agustino, Cercado, Chosica, Lurín, Pachacámac, Rímac, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, que abarcan un total de 8.585 predios. "En zonas urbanas, la titulación se hace con el visto bueno de la Gerencia de Defensa Civil, que depende del concejo limeño", aclararon voceros de Cofopri. Cuatro de los asentamientos titulados reflejan la contradicción entre autoridades, pues figuran en rojo en el listado actual de Indeci.

Recién en el 2007, con la Ordenanza 1020, las riberas fueron consideradas de alto riesgo por la Municipalidad de Lima, pero el reciente Reglamento Nacional de Edificaciones (elaborado por el Ministerio de Vivienda) admite la habilitación urbana en fajas marginales. "La falta de autoridad municipal permitió que estas zonas fueran ocupadas desde hace 20 o 50 años y aún hoy no se plantean soluciones viables", refirió Hildebrando Castro Pozo, especialista en temas urbanos. En efecto, ninguna de las seis municipalidades consultadas cuenta con un plan para reubicar a estas poblaciones. En la ribera del Rímac que corresponde al Cercado, los asentamientos 1 de Mayo y Dos de Mayo, ubicados a la altura de la Av. Morales Duárez, tienen títulos. Mariella Bueno, gerenta de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lima, señala que son los predios informales --los cuales suman 470-- los que están en riesgo; y añadió que no le compete a su concejo decidir un posible traslado.

"Urbanizaciones como San Diego se ocuparon por desconocimiento, al igual que las chacras de Chosica, pero hay otras que sí son invasiones temerarias y por ello buscan obtener documentación que avale su permanencia. El Estado debería evaluar si gastaría más en prevención y asistencia a damnificados que en una posible reubicación", planteó Samuel Yáñez, director del Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (Cidap). Para José Fernández, del área de Defensa Civil del municipio limeño, la reubicación sería un premio para quienes invadieron áreas prohibidas. "El Gobierno Central podría facilitar lotes, pero lo lógico es evitar que las personas se asienten (en zonas peligrosas)".

Si no se desarrolla un plan concertado, todos los veranos las autoridades y los pobladores se abocarán solo a limpiar los cauces y a rezar para que no ocurra una inundación.

LAS CIFRAS

51 son las zonas de riesgo de inundación o colapso identificadas por Defensa Civil a lo largo de la cuenca del río Rímac. En la ribera del Chillón hay otras 21 y en Lurín se precisa otros 8 puntos.

3 normas prohíben la ocupación de riberas. Estas son la Ley General de Aguas, el Reglamento de Propiedades Marginales y el Decreto 12-94 del Ministerio de Agricultura. La distancia la define la autoridad de aguas de cada provincia.