El programa está orientado a formar y sensibilizar a funcionarios y comunidad en general sobre la situación de los derechos humanos de la infancia y adolescencia y para garantizar una correcta aplicación de la normatividad que protege la condición de víctimas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes afectados por la vinculación a los grupos armados ilegales.

Con este fin se han desarrollado dos componentes:

En el área de atención se ha diseñado un modelo compuesto por tres etapas, Hogar de Atención Transitoria, Centro de Atención Especializada (CAE) y Casa Juvenil. Cada etapa tiene sus objetivos, metodologías y actividades para la atención en salud, cuidado psicosocial, capacitación vocacional, educación, y desarrollo cultural y comunitario, con miras al proceso de ubicación y socialización de una nueva ruta de vida por fuera de los grupos armados ilegales.

También se ha diseñado un modelo socio-familiar en el cual se seleccionan familias que reciben a uno o máximo dos jóvenes, con el propósito de acompañarlos en la restitución de sus derechos, pero además para favorecer la construcción de vínculos afectivos y familiares.

Con el fin de que los jóvenes, cuando salgan del Programa, cuenten con oportunidades que les permitan construir su propio proyecto de vida y, como parte de él, trabajar y auto sostenerse, se ha diseñado un modelo de acompañamiento a los egresados de las modalidades de atención del ICBF denominado Centros de Referencia y Oportunidades Juveniles (CROJ). Bajo este modelo, que plantea una estrategia de seguimiento a partir de la experiencia internacional de la OIM , se busca complementar las habilidades de los jóvenes, preparándolos para la sostenibilidad de su inserción social a través del empleo y/o el autoempleo y de la garantía de su acceso a los servicios de salud, educación, cultura, deporte y recreación disponibles en las redes locales de ofertas públicas.

El componente de Prevención, por su parte está dedicado al reclutamiento de niños, niñas y jóvenes; busca la identificación de los factores protectores y de riesgo frente a la vinculación a los grupos armados al margen de la ley, con el fin de poder intervenirlos.

En el marco de este componente se ha desarrollado la Metodología de Mapas de Vulnerabilidad, Riesgo y Oportunidades (MVRO), a través de la cual se construye colectiva y comunitariamente un mapa del lugar de intervención, a partir del cual se fortalecen los factores protectores y se busca hacer frente a los factores de riesgo que hacen vulnerables a los niñas, niños y adolescentes a ser reclutados por grupos armados ilegales.

La identificación de estos factores permite formular e implementar proyectos preventivos a través de iniciativas locales como, por ejemplo, el mejoramiento de la cobertura, calidad y pertinencia de la educación en escuelas y colegios, la ampliación de oportunidades para la participación social, cultural, deportiva y recreativa, y el impulso a actividades productivas y de autosostenibilidad para los jóvenes, sus familias y/o comunidades.

Esta intervención se realiza también en comunidades indígenas y afro-colombianas, así como en comunidades de 13 departamentos, en los que han participado niños, niñas, padres, madres, cuidadores, líderes comunitarios y autoridades gubernamentales locales.

Niñez, conflicto.

En el área de prevención del programa, específicamente con comunidades indígenas se desarrolla la difusión de la Ruta Jurídica Indígena con el objetivo de sensibilizar a estas comunidades e informarles sobre la aplicación de las herramientas jurídicas disponibles para brindar apoyo en los procesos de atención de niños, niñas y jóvenes desvinculados de los grupos armados ilegales así como de la prevención de la vinculación a estos grupos.

En el 2005 y 2006 la Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada para las Minorías Étnicas, en coordinación con la OIM ejecutó el Proyecto Promoción de derechos de niños, niñas y jóvenes desvinculados, con énfasis en derechos colectivos e integrales de los pueblos indígenas, como efecto de continuidad del trabajo conjunto llevado a cabo desde 2001, en el que se ha construido y divulgado la Ruta Jurídica para niños y jóvenes desvinculados y se ha capacitado a funcionarios públicos y privados, líderes y autoridades de organizaciones indígenas y de ONG. A través de este esfuerzo se ha capacitado a cerca de 10.843 funcionarios públicos y privados.

En el mismo sentido, durante el 2006 se continuó el trabajo mediante un proyecto para formar y sensibilizar a funcionarios y miembros de organizaciones indígenas y otras ONG sobre la situación de los derechos humanos de la infancia y adolescencia y los derechos colectivos e integrales de los pueblos indígenas con énfasis en la niñez desvinculada, el cual logró la capacitación de 570 operadores más. Igualmente se brindó apoyo a la Procuraduría General de la Nación para la capacitación de funcionarios judiciales para favorecer una correcta aplicación de la normatividad que protege la condición de víctimas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes afectados por la vinculación a los grupos armados ilegales.