Intervención de George Vickers, Director Regional del Open Society Institute de la Fundación Soros, durante el Foro de Alto Nivel Comunicación, Integración y Desarrollo “Construyendo una comunidad andina de ciudadanos y ciudadanas”, celebrado en Medellín (Colombia), en abril de 2006, por invitación de la Comunidad Andina de Naciones.

Abril 25 de 2006

Intervención de George Vickers, Director Regional del Open Society Institute de la Fundación Soros, durante el Foro de Alto Nivel Comunicación, Integración y Desarrollo “Construyendo una comunidad andina de ciudadanos y ciudadanas”, celebrado en Medellín (Colombia), en abril de 2006, por invitación de la Comunidad Andina de Naciones.

Esta reunión se lleva a cabo en un momento importante en la lucha para profundizar y ampliar a las oportunidades para la participación política de los ciudadanos más allá de las urnas, para que tengan una voz significativa en la formación de políticas sociales que determinan sus oportunidades en la vida.


Ha llegado a ser más evidente, particularmente en la región Andina, que los esfuerzos para desarrollar instituciones políticas más representativas e inclusivas deben nacer en un diálogo entre todos los sectores sociales con el propósito de construir un nuevo tipo de pacto social, en vez de simplemente una alianza táctica y estrecha entre los partidos políticos con el objetivo de compartir el poder.


El esfuerzo para establecer en esta reunión una red andina de comunicadores sociales, puede contribuir a que los países de la región compartan diversas experiencias e ideas que ayudarán a fortalecer procesos nacionales de diálogo, y al mismo tiempo, contribuirán a un proceso de mayor integración entre la naciones de la región andina.


En mis comentarios me gustaría ofrecerles algunos pensamientos sobre por qué creo que un énfasis renovado en la ciudadanía tiene que ser el centro de estos esfuerzos de comunicación y diálogo. Hace 25 años la mayoría de los países de América Latina estaban gobernados por regímenes militares o líderes autoritarios, pero desde mediados de los 80, hasta finales de los 90, la mayoría de los países latinoamericanos pasaron por dos transiciones sociales profundas y simultáneas: una transición del gobierno autoritario al gobierno elegido democráticamente, y una transición de la economía protegida a los mercados desrregulados. Algunos de estos países también vivieron una tercera transición, del conflicto armado a la paz.


Hace una década, había grandes expectativas y un considerable optimismo en que estas transiciones llevarían a un futuro próspero y democrático para todos los países del hemisferio. Hoy en día se ha perdido mucho de ese optimismo, aunque casi todos los países América Latina y el Caribe cuentan con gobiernos civiles, elegidos democráticamente.


La democracia está claramente a la defensiva, la mayor parte de los gobiernos democráticos no han logrado generar un crecimiento económico sostenible, mientras que la pobreza y la desigualdad han mantenido un nivel muy alto: más de 200 millones de latinoamericanos viven con menos de 2 dólares por día.


La crisis económica que se apoderó de la región hace pocos años se ha aliviado un poco; sin embargo, el contexto económico fundamental sigue siendo desfavorable, el desempleo es elevado y sigue creciendo, mientras que la privatización y el desarrollo regular de la economía han afectado con más dureza a los empleados del sector público sindicalizado y la clase media. En América Central y algunos otros países, el aumento vertiginoso de los precios del petróleo amenaza con revertir el modesto crecimiento de los últimos 3 años.


Los gobiernos democráticos tampoco han garantizado el orden. La delincuencia tanto común, como organizada, están fuera de control. En las encuestas de opinión pública en toda la región, se torna la seguridad entre la primera o la segunda preocupación de los ciudadanos. El final de los conflictos internos, la resurrección de los aparatos represivos de seguridad y la falta de empleo, han producido situaciones en las que hay miles de armas y muchas personas que saben manejarlas y cuentan con muy pocas vías legítimas de ganarse la vida.


La transición de gobiernos autoritarios a democracias electorales tampoco ha supuesto, al menos inicialmente, una transición a una forma más abierta de gobierno. Aunque las nuevas constituciones definen claramente los alcances de un poder legislativo y judicial independientes, en la práctica ha sido difícil crear controles y contrapesos efectivos sobre el poder ejecutivo. El mal uso del poder institucional para obtener ventajas indebidas ha sido habitual, en los gobiernos tanto dictatoriales como en los gobiernos elegidos democráticamente. En algunos casos recientes, como en el Perú en el 2000, en Argentina en el 2002 y Haití en 2004, la corrupción fue un factor importante para desestabilización política.


No es sorprendente que el hecho que la democracia no haya cumplido lo prometido, haya llevado a una disminución de la confianza entre los ciudadanos de la región en que la democracia sea preferible a un gobierno autoritario (...) La disminución de la confianza en el sistema democrático tiene consecuencias prácticas. En Argentina, Bolivia, Ecuador y Haití, las protestas populares han forzado la renuncia de presidentes democráticamente electos, mientras que en Nicaragua un pacto corrupto entre 2 alcaldías le ha arrebatado efectivamente el poder de tomar decisiones al gobierno electo. Un escándalo de corrupción política en Brasil ha debilitado al PT, que llegó a ser uno de los partidos políticos con mayor respaldo de la región.


El problema no reside simplemente en el fracaso institucional. Un antiguo director de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos dijo en 1994 que “la transición democrática en América Latina había producido gobiernos democráticamente electos, pero no sociedades democráticas”. Esta discusión sigue siendo ampliamente aceptada.


Durante la mayoría del siglo XX, los países latinoamericanos pasaron por breves períodos de experimentación democrática, interrumpidos por largos períodos de gobierno militar o autoritario. Los valores democráticos son débiles y la confianza en las instituciones democráticas es prácticamente inexistente en muchos lugares. Con escasas excepciones, los partidos políticos tradicionales son considerados poco representativos, además de corruptos e inexactos, o ambos casos.


Por supuesto se trata de amplias tendencias que tienen una repercusión diferente en países concretos. Cada uno cuenta con sus propias circunstancias históricas y dinámicas sociales. También existen importantes tendencias subregionales. Las dinámicas en el Cono Sur industrial no son las mismas que en la Amazonía o el Altiplano Andino. América Central tiene diferentes problemáticas que Suramérica o México. Sin embargo, estas tendencias amenazan con hacer sucumbir la consolidación de los avances democráticos e impedir los progresos hacia sociedades abiertas en todas las regiones.


El deterioro del apoyo popular a los gobiernos democráticos ha subrayado varios dilemas intrínsecos de la democratización en América Latina:

Los dos agentes tradicionales del poder en las sociedades latinoamericanas, la élite económica y las Fuerzas Armadas, han visto cómo las reformas democráticas disminuyen su influencia, pero también se han visto debilitados otros elementos tradicionales. Las reformas económicas neoliberales y la privatización han arrebatado poder a los sindicatos, mientras que los partidos políticos no se han democratizado internamente para poder mejorar su legitimidad y respaldo popular. Como consecuencia del crecimiento continuo de las iglesias evangélicas, la iglesia católica tampoco ha mantenido su influencia tradicional.


Hasta los elementos no tradicionales han perdido influencia. Durante el período de la dictadura, por ejemplo, los sacrificios y riesgos asumidos por el movimiento por derechos humanos les dieron credibilidad y legitimidad. Sin embargo, la disminución de los abusos contra los derechos humanos patrocinados por el Estado, como origen principal del descontento ciudadano, ha acarreado a su vez una disminución del perfil de las organizaciones de Derechos Humanos como vanguardia de la resistencia. En un sentido, el movimiento pro derechos humanos se ha convertido en uno más de los muchos sectores que compiten para la influencia y la atención pública.


La crisis de la democracia en América Latina es, por lo tanto también, una crisis de actores sociales. Las instituciones políticas no son las únicas que no funcionan, tampoco funcionan las instituciones sociales y se está produciendo una especie de círculo vicioso. La falta de efectividad de las instituciones del gobierno democrático provoca la disminución de legitimidad de los actores y los procesos democráticos, lo que provoca la ascensión de líderes populistas y movimientos ocasionales de protesta social, que arreglan débiles instituciones gubernamentales, que eluden con frecuencia mediante estructuras paralelas y personalistas, creadas para la ocasión... que fomentan y propician a la corrupción en una escala aún mayor.


Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿La democracia representativa es simplemente un modelo equivocado para América Latina? Hay un nuevo tipo de democracia participativa que puede tener éxito donde han fracasado las estructuras representativas. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la participación política sea significativa y no sea simplemente un nuevo tema para describir el tipo de movilización manipuladora social de las masas, por parte de líderes populistas que hemos visto con tanta frecuencia en la historia post colonial latinoamericana?


El punto de partida, por supuesto, es reconocer que no existen soluciones rápidas. Es improbable que la situación actual mejore pronto y es perfectamente posible que empeore. Entre finales de 2005 y diciembre de 2006, 12 países de la región celebrarán elecciones presidenciales, las campañas electorales sufren el aumento de la polarización y es probable que las dinámicas electorales se inclinen a la adopción de reformas institucionales significativas hasta le celebración de las elecciones, y se resuelvan las pugnas electorales en países concretos. Existen muy pocas razones para el optimismo.


La falta de confianza en las instituciones gubernamentales y la polarización de la sociedad civil y el gobierno, también implica que los pequeños ajustes de las instituciones nacionales pueden ser el punto de partida equivocado para cualquier intento de detener la erosión del sistema.


La ausencia de unos valores y una cultura democrática profundamente arraigados, la creación de incentivos para que los ciudadanos y el gobierno colaboren en la búsqueda de soluciones concretas para problemas específicos -de manera que se mejore la vida de las personas o se aumente el poder de las poblaciones tradicionalmente marginales-, puede ser una mejor manera para empezar.


Esto es mucho más fácil a nivel regional, municipal y local que a nivel nacional. Pero no es un proceso rápido: se trata de una especie de estrategia de goteo hacia arriba, con la esperanza que los ciudadanos que experimenten qué es la participación política produzca resultados positivos a nivel local, extrapolan sus esperanzas a nivel nacional.


¿Para qué la democracia? La democracia occidental desarrolla raíces más profundas en América Latina y crea un nuevo sentido de ciudadanía que tendrá que sustituir la división maniquea entre nosotros y ellos, que caracterizó las relaciones sociales durante todo el período colonial y se ha mantenido desde entonces.


La democracia por sí misma no reduce la pobreza. Hacen falta programas específicos. También está claro ahora, desde el Informe de Desarrollo del Banco Mundial del año pasado, que el nivel extremo de desigualdad económica en América Latina es un obstáculo para el crecimiento económico. La desigualdad económica en América Latina es tanto una causa como una consecuencia de la desigualdad social, y todo esfuerzo por desarrollar la cultura democrática en las regiones exigirá iniciativas efectivas para superar la exclusión social y política de grupos marginados, como los indígenas.


No es ciertamente accidentado que los que más desprecian las instituciones democráticas sean los que han estado históricamente excluidos de participar en ellas. Por lo tanto, esto implica otorgar poder a los que antes estaban excluidos. En ese sentido, el creciente activismo político de los movimientos indígenas en los Andes y los descendientes de africanos en una serie de países, podrían ampliar el espacio político en países con sistemas electorales democráticos.


Sin embargo, hay que ser cautos. La política basada en la identidad es un arma de doble filo: fomenta la identidad y la coalición de grupos de manera que aumenta el impacto político de grupos sociales marginados, pero contribuye muy poco a promover la tolerancia o el respeto para el compromiso, esenciales para la democracia liberal y la protección de los derechos humanos.


Finalmente, tienen que producirse cierto progreso real en la mejora de la seguridad ciudadana o al menos en la percepción de la seguridad de los ciudadanos. También va a exigir una reevaluación franca de la relación entre democracia y estabilidad, al menos a corto plazo, y una capacidad de los actores sociales importantes para desarrollar parámetros mutuamente aceptables que controlen la tensión entre estos dos conceptos.


En conclusión, construyendo un nuevo concepto de ciudadanía andina, que sea inclusiva y al mismo tiempo tolerante de diversidad, es un paso esencial en la construcción de un nuevo pacto social, que es necesario para poder acumular los talentos y energías de todos nuestros ciudadanos y avanzar el proceso de integración económico y social en la región andina. El papel de los medios de comunicación en fomentar y facilitar este proceso, va a ser decisivo para determinar la rapidez y la probabilidad de que sea exitoso.