Agosto de 2000

Project Inform cree que todas las mujeres embarazadas tienen derecho a que se les pida un consentimiento informado para hacerles la prueba del VIH, y que dicha prueba se les debe ofrecer lo antes posible durante el embarazo.

En los últimos años se han hecho grandes progresos en la prevención de la transmisión del VIH de la madre al feto y al recién nacido. Según estudios, las mejoras en las medidas preventivas y las pruebas voluntarias del VIH han reducido drásticamente el índice de transmisión vertical en los países desarrollados. Sin embargo, aunque una buena política de pruebas funciona bien en conjunto con las mejoras en la atención médica, y produce mejores resultados para las mujeres y los niños, las pruebas, por sí solas, no pueden reducir la transmisión vertical. Por lo tanto, y de acuerdo a Proyect inform, el objetivo de la política de pruebas debe consistir en alentar a las mujeres a averiguar si son o no son seropositivas al VIH y, siempre que sea posible, darles información sobre la atención médica necesaria para que puedan utilizar las opciones a su alcance.

La mayor parte de la gente está de acuerdo sobre cuáles deben ser los objetivos de las pruebas en el contexto del embarazo: reducir la transmisión vertical del VIH y optimizar la atención médica a la madre y al bebé. Sin embargo, a la hora de poner en práctica esta política de pruebas, no hay un acuerdo sobre cuál es la mejor manera de lograr esos objetivos. Puesto que la política de pruebas puede a veces tener efectos adversos, es esencial que dicha política para las mujeres embarazadas refleje una buena atención médica, animando y persuadiendo a las mujeres (en vez de disuadirlas) a buscar el cuidado médico que necesitan.

Puntos clave: