La RBC exige la participación de la comunidad y las Organizaciones de Personas con Discapacidad (OPD), pero ni una ni otras pueden trabajar solas para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. También se necesitan políticas nacionales, una estructura de gestión y el apoyo de diversos ministerios, ONGs y otros interesados directos (colaboración multisectorial).

Los métodos nacionales para la aplicación de la RBC son muy diversos, pero comparten algunos elementos que contribuyen a la sostenibilidad de los programas de RBC. Estos incluyen:

• El apoyo a nivel nacional mediante políticas, coordinación y asignación de recursos: Las políticas nacionales y el apoyo de este nivel, junto con la gestión de nivel intermedio y la participación de la administración local constituyen elementos fundamentales de los programas de RBC. La forma en que las comunidades están vinculadas al nivel nacional varía en función de la estructura administrativa del país y el ministerio que promueve y apoya el programa de RBC, pero en todas las situaciones se necesitan políticas nacionales para orientar las prioridades globales y planificar dicho programa. La coordinación nacional y la asignación de recursos suficientes son otros elementos que se identifican con los programas de RBC exitosos.

• El reconocimiento de la necesidad de que los programas de RBC tengan como referente los derechos humanos: La RBC fomenta el derecho de las personas con discapacidad a vivir en la comunidad como ciudadanos en condiciones de igualdad, a disfrutar de salud y bienestar, y a participar plenamente en actividades educativas, sociales, culturales, religiosas, económicas y políticas. Hace hincapié en que las niñas y los niños con discapacidad tienen el mismo derecho a la escolarización y que las mujeres y los hombres con discapacidad tienen el mismo derecho a las oportunidades para participar en las actividades laborales y sociales. Las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidadpromulgadas por las Naciones Unidas abordan los pasos necesarios para garantizar estos derechos. Por ello constituyen una guía para todos los programas de RBC.
• La voluntad de la comunidad de responder a las necesidades de sus miembros con discapacidad: El concepto de comunidad inclusiva significa que las comunidades adaptan sus estructuras y procedimientos para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad, en lugar de esperar a que sean ellas las que cambien para encajar en los ordenamientos existentes. Centra su atención en todoslos ciudadanos y en su derecho a un tratamiento igualitario, reforzando así la noción de que deben respetarse los derechos de todas los personas, incluidas aquellas con discapacidad. La comunidad se observa a sí misma y estudia cómo afectan las políticas, las leyes y las prácticas habituales a todos sus miembros.
• La presencia de agentes comunitarios motivados: A menudo la acción comunitaria para la RBC se pone en marcha por un estímulo desde fuera de la comunidad, generalmente de ministerios u ONGs. Tras las deliberaciones iniciales con representantes extracomunitarios, es la comunidad la que decide si la RBC entrará a formar parte de las actividades de desarrollo que ya está llevando a cabo. Diversos asociados de la comunidad, como el comité de desarrollo comunitario, las organizaciones de personas con discapacidad (OPD) y otros organismos no gubernamentales pueden asumir el liderazgo y la responsabilidad del programa. Una vez que la comunidad decide poner en marcha un programa de RBC, el dispositivo de gestión de éste, proporciona el apoyo necesario, incluidos la formación, el acceso a los servicios referencia y la movilización de recursos.

Para hacer efectivos estos elementos de la RBC, se necesitan acciones a nivel nacional, intermedio o de distrito, y local. En los programas de RBC es fundamental la colaboración multisectorial para apoyar a la comunidad, atender las necesidades individuales de las personas con discapacidad y fortalecer el papel de las OPD. Además de de la colaboración entre los ministerios gubernamentales deben hacerlo también con las ONG y el sector privado. Es igualmente necesaria la colaboración entre la comunidad y los servicios referencia a nivel local e intermedio, así como entre los propios servicios de referencia locales, intermedios y nacionales. La colaboración entre los niveles nacional, garantizar que los servicios de referencia se desarrollen y se proporcionen de manera adecuada.

De esta manera, la comunidad asume la responsabilidad de hacer frente a las barreras a la participación de las niñas, los niños, las mujeres y los hombres con discapacidad. Por ejemplo, puede que muchas personas de la comunidad tengan creencias o actitudes que limiten el tipo de oportunidades ofrecidas a las personas con discapacidad, que las políticas o las leyes contengan disposiciones que las excluyan, o que existan barreras físicas como escaleras en lugar de rampas o un transporte público inaccesible. Estas barreras pueden también reducir el acceso a las oportunidades de trabajo.

En 1994, la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboraron un «Documento de Posición Conjunta sobre la RBC» para fomentar un enfoque común del desarrollo de programas de RBC. Pese a los avances logrados desde entonces, muchas personas con discapacidad siguen sin recibir servicios básicos de rehabilitación y no tienen acceso en condiciones de igualdad a la educación, la formación, el trabajo, el ocio y otras actividades de su comunidad o de la sociedad en general. El acceso igualitario les está especialmente vedado a las mujeres con discapacidad, a las personas con discapacidades severas y múltiples, a las personas con condiciones siquiátricas, a aquellas con VIH positivo y las personas con discapacidad pobres; así como a sus familias.

En la estela de la estrategia RBC, deben proseguirse los esfuerzos por garantizar que todas las personas con discapacidad, independientemente de su edad, sexo, tipo de discapacidad y nivel socioeconómico, ejerzan los mismos derechos y oportunidades que los demás miembros de la sociedad. La OMS, la OIT y la UNESCO consideran a la RBC como una estrategia capaz de señalar las necesidades de las personas con discapacidad de todos los países en el seno de sus comunidades. La estrategia intenta promover el liderazgo comunitario y la plena participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones.

Hoy día, muchos gobiernos reconocen a la RBC como una estrategia eficaz para atender las necesidades de las personas con discapacidad, en particular las que viven en zonas rurales. En esos países, algunas comunidades rurales han puesto en marcha programas de RBC. No obstante, es preciso animar a los ya existentes a que amplíen sus actividades a otras comunidades, presten la debida atención a la igualdad de género e incluyan a las personas con discapacidad de todas las edades. La expansión de los programas exige formar a las personas que intervendrán en la gestión y en la prestación de servicios.