El proyecto tiene por objetivo desarrollar y consolidar en 10 países de América del Sur, el respeto por los derechos de los niños, creando una fuerte corrientede opinión que propicie la complementariedad entre la sociedad civil y los gobiernos.La principal estrategia es la constitución de redes institucionales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, a través de importantes organizaciones "enlace" que conforman esta red, participan en esta iniciativa del BICE que tiene por objetivo desarrollar y consolidar, el respeto por los derechos de la infancia, creando una fuerte corriente de opinión que propicie la complementariedad entre la sociedad civil y los gobiernos.

Las líneas principales de acción son:

Como estrategia de multiplicación se ha desarrollado un proyecto de gestión cultural que se denomina re-editores, conssite en incorporar como aliados a figuras importantes del campo artístico de cada país; estas personas y los gestores culturales que los acompañan sirven como embajadores para garantizar que el tema ocupe un lugar destacado en las agendas mediáticas.

Un fuerte protagonismo de los niños es a su vez estrategia de difusión y metodología de prevención.

Niñez, derechos, prevención de la violencia.

Todos los niños, y en especial aquellos sectores más vulnerables a esta problemática constituyen el grupo objetivo del proyecto.

Son beneficiarios también las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que atienden a niños en situación de vulnerabilidad y exclusión.

Las actividades vinculadas con la promoción y defensa de los derechos de la infancia y con la prevención del abusosexual llevadas a cabo por el BICE y múltiples organizaciones socias en los últimos años hanpermitido caracterizar necesidades y carencias en la región.

A mas de 10 años de aprobada la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, una granproporción de niños, niñas y adolescentes en América del Sur no tienen oportunidades de vivir ycrecer con los derechos que les corresponden.

La violencia sexual contra los niños está presente en todo el continente, sin discriminación derazas o clases sociales. La explotación y el turismo sexual crece en todos los países, afectandoprincipalmente a los mas pobres. Seis millones de niños y niñas son objeto de agresiones severas y80 mil mueren cada año por la violencia de sus progenitores.

La mayoría de las agresiones sexuales contra los niños sucede en el medio intra familiar. Estasituación no sólo es tolerada, sino también silenciada y ocultada.

En Latinoamérica hay 20 millones de niños y niñas integrados a la fuerza laboral, la mayoría comovendedores ambulantes o en trabajos domésticos. 40 millones de niños viven en la calle en todaAmérica Latina. Sólo en Brasil, habría 10 millones.En la mayoría de los países existen legislaciones que contemplan la penalización del abuso sexualinfantil, sin embargo, la cifra de abusos no denunciados es mucho más elevada que la cifra dedenuncias.

Las políticas de infancia no contemplan específicamente la realidad de la violencia sexual, enninguno de sus niveles: prevención, intervención.La legislación existente, muchas veces desactualizada, la inoperancia de la justicia, la tolerancia de lasociedad y la impunidad generalizada impiden la responsabilización de los culpables y el acceso delos niños, niñas y adolescentes victimizados a sus derechos.

El sistema judicial emplea procesos pesados y lentos, por lo que las personas prefieren nodenunciar, y cuando la denuncia se efectiviza, no existen medidas reales de protección a las niñas,niños y adolescentes implicados. Esto genera que niños y niñas sean revictimizados (victimizaciónsecundaria) por el propio sistema que los debería proteger.

No existen, a nivel de las instituciones implicadas, protocolos oficiales que permitan obtenerconsensos mínimos de acción cuando se detectan casos de violencia sexual. Los profesionalespertenecientes a estas instituciones (escolares, de salud, organizaciones comunitarias...) que se venenfrentados a estas situaciones no saben –en la mayoría de los casos- cómo actuar ni conocen elrespaldo que su institución le brindará si denuncia o interviene. Esta carencia tampoco garantiza eltrato ético y humano de los propios niños afectados.