Este documento, presentado como informe para la Comisión Europea por parte del Institute of Alcohol Studies del Reino Unido, indaga sobre el consumo de alcohol en Europa, su impacto sobre los individuos y ofrece una evaluación de las distintas opciones de política de alcohol.

El alcohol impone una significativa carga sobre diversos aspectos de la vida humana en Europa, descritos de manera genérica como “daños para la salud” y “daños sociales”. Siete millones de adultos refieren haberse involucrado en peleas cuando bebían, durante el pasado año. A partir de la revisión de un pequeño número de estudios de costes nacionales, se ha estimado que el coste económico de los delitos atribuibles al alcohol fue de 33 billones de euros para la UE, en el año 2003. Este coste se reparte entre policía, juzgados, prisiones (15 billones de euros), gastos en prevención de delitos y administración de seguros (12 billones de euros) y daños a la propiedad (6 billones de euros). Los daños a la propiedad debidos a la conducción bajo los efectos del alcohol se han valorado en 10 billones de euros y se calcula que los costes intangibles en concepto de las consecuencias físicas y psicológicas del delito alcanzan los 9-37 billones de euros.

Desde el punto de vista de la salud, el alcohol es responsable de unas 195.000 muertes al año en la UE, aunque también se ha estimado que retrasa 160.000 muertes en las personas de más edad, principalmente a través de su efecto cardioprotector en mujeres que fallecen después de los 70 años. Debido a problemas metodológicos, ésta es probablemente una sobreestimación del número de muertes demoradas. Una estimación más exacta sería probablemente 115.000 muertes causadas en personas de hasta 70 años, lo que evitaría la mayor parte del efecto preventivo sobreestimado. Estas cifras se calculan tomando como referencia una situación de no consumo de alcohol; el efecto neto sería muy superior si la comparación se refiriera al consumo con el menor nivel de riesgo. Este problema se reduce midiendo el impacto del alcohol a partir de los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD), que revela que el alcohol es responsable del 12% de las muertes prematuras y discapacidad, en los hombres, y del 2%, en las mujeres, tras controlar los beneficios para la salud. Ello convierte al alcohol en el tercero entre veintiséis factores de riesgo de la mala salud en la UE, superando al sobrepeso/ obesidad y sólo por detrás del tabaco y la hipertensión arterial.

Los jóvenes soportan una parte desproporcionada de las consecuencias por abuso de alcohol, debiéndose al alcohol más el 10% de la mortalidad de las mujeres jóvenes y en torno al 25% de la de los jóvenes varones. Poco sabemos acerca de la dimensión del daño social en los jóvenes, aunque el 6% de los estudiantes de 15-16 años de la UE refieren peleas y el 4%, sexo no protegido en relación con su propio consumo de alcohol.

Muchos de los daños derivados del consumo de alcohol son sufridos por personas distintas al propio bebedor. Aquí se incluyen 60.000 nacimientos con bajo peso, así como el 16% del maltrato o abandono infantil y 5-9 millones de niños que viven en familias con problemas de alcohol. El alcohol afecta asimismo a otros adultos, inclusive las 10.000 muertes estimadas de tráfico en personas distintas al conductor intoxicado y una considerable proporción de los delitos atribuibles al alcohol, que afectan a terceras personas. También el coste económico es pagado en parte por otras personas o instituciones, debiendo incluirse aquí una buena parte del coste estimado para los delitos (33 billones de euros), los sistemas de salud (17 billones de euros) y el absentismo (9-19 billones de euros).

Ante tal panorama, resulta oportuno evaluar la política local y global de alcohol y sus efectos. El documento desglosa cada una de las medidas y advierte sobre sus posibles alcances.

Entre las políticas para reducir la conducción bajo los efectos del alcohol más efectivas cuentan el control sin restricciones (aleatorio) de alcoholemias, la reducción de la tasa legal de alcoholemia, la suspensión del permiso de conducir y la alcoholemia legal más baja para los jóvenes conductores. La limitada evidencia disponible no aporta impacto alguno de los programas de conductor designado o conducción segura. Los dispositivos de bloqueo de arranque pueden constituir una medida preventiva, pero en tanto que medida aplicada a los infractores con alcoholemia positiva, sólo actúan mientras están colocados en el vehículo. La Organización Mundial de la Salud ha calculado el impacto y coste de los controles aleatorios de alcoholemias comparándolos con la ausencia de control; su aplicación en la Unión redundaría en la evitación de 11.000 años de discapacidad y muerte prematura, con un coste de 233 millones de euros al año.